El acto de presentación contó con la presencia del presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro; el decano del Colegio Notarial de Canarias, Alfonso Caballé; el presidente de la Fundación Derecho y Discapacidad y del CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno; el presidente del CERMI Canarias, Francisco Javier Bencomo; y el vicepresidente y patrono de la Fundación Derecho y Discapacidad, José Javier Soto.

 

El informe fue presentado por el vicepresidente de la Fundación Derecho y Discapacidad, José Javier Soto Ruiz, y, según expuso, éste ofrece una visión adecuada en el tiempo, en el que podremos ver el impulso legislativo y la aplicación de los derechos recogidos en estas leyes.

 

Así, el informe habla de la Ley de Adaptación normativa a la Convención de la ONU y del reglamento que lo desarrolla, que dan lugar a un gran cambio en materia de discapacidad, como la Ley de Propiedad Horizontal, la modificación de la Ley de Lengua de Signos, la contratación pública socialmente responsable, la LIONDAU, la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, o la Ley de Economía Social.

 

Además, ha añadido, el informe lo completa una extensa relación de normas y se enriquece con la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020, que incluyen acciones concretas en salud, educación o empleo; así como un informe parlamentario que acoge la actividad realizada por las Cortes Generales y el ámbito de la discapacidad, o el seguimiento de la Convención de la ONU en nuestros tribunales.

 

Asimismo, ha apuntado que nunca hemos dispuesto de “normas de tanta potencia” y que reconozcan tal número de derechos, aunque también ha reconocido que “quedan muchas por adaptar”, como es la “urgente” reforma del Código Civil, y que “estamos muy insatisfechos” por la aplicación real de las normas y el efectivo ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, así como por la demora que se sigue produciendo en la aplicación inmediata de la Convención de la ONU que habla de Derechos Humanos y libertades fundamentales.

 

Por su parte, el presidente del CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, manifestó que este informe ha nacido de un impulso de la sociedad civil preocupada por la promoción y activación de los derechos de las personas con discapacidad como son las personas que forman el patronato de la Fundación Derecho y Discapacidad, que se ha puesto como objetivo aunar dos dimensiones que, a veces, a las personas con discapacidad “nos parece que están en conflicto”, como es el derecho y la discapacidad.

 

Para Pérez Bueno, después de 40 años de régimen democrático, de muchos tratados internacionales y declaraciones de derechos, “las personas con discapacidad no nos sentimos incluidos en la comunidad y vemos que los derechos humanos tienen todavía enormes dificultades para verse verificados, y vemos que el derecho todavía no nos protege los suficiente para ser la aspiración que queremos todos, igual que los demás”.

 

Por ello, ha añadido, la Fundación “no pretende sustituir al movimiento social de la discapacidad, sino ponerse a su servicio, con su conocimiento, con sus propuestas validadas” y este informe responde a este objetivo, como instrumento válido que ayuda a que el derecho no sólo sea una declaración nominal, sino una realidad práctica para las personas con discapacidad.

 

Además, según ha expuesto, en España “hay una gran profusión normativa, pero su cumplimiento está lejos de ser satisfactorio, hay un desfase entre las leyes y lo que se practica” y esto, ha alertado, “no podemos seguir asumiéndolo, por lo que hay que actuar”.

 

Tras su intervención, el presidente del Parlamento de  Canarias, Antonio Castro, llamó la atención sobre cómo la crisis actual acusa las diferencias y ha quebrantado el Estado del Bienestar y cómo en esta situación, el CERMI y la Fundación Derecho y Discapacidad presentan “con valentía y rigor” un segundo informe, reconocido por organismos internacionales, que recoge una primera conclusión “escalofriante”, y es el hecho de que las personas con discapacidad no tienen acceso a los bienes sociales, lo cual responde a un adelgazamiento del sector público y a una externalización que hace volver a los tiempos del asistencialismo.

 

“Tenemos la necesidad de construir una sociedad donde las personas con discapacidad estén integradas plenamente”, indicó.

 

El presidente del CERMI canarias, Francisco Javier Bencomo, señaló que este informe “deberá ser seguido y exigido” para que se simplifique “el complejo mundo de normas que, a veces, dificulta la calidad de vida de las personas con discapacidad”. “El derecho debe facilitar la accesibilidad, debe ser justo, actuar con equidad, ya que cada persona tiene derechos y es responsabilidad de los poderes públicos avanzar en su desarrollo y construir una sociedad más justa”.

 

Por otra parte, el decano del Colegio Notarial de Canarias, Alfonso Caballé, se ha referido a las personas con discapacidad como “un grupo de personas necesitadas de protección especial” que preocupa al Notariado.